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Editorial de NTN: "La inseguridad de CONANI"

En una nación que se llama protectora de la niñez, cada muerte de un niño bajo custodia del Estado debe estremecer la conciencia colectiva. Las recientes tragedias ocurridas en centros del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, mejor conocido como CONANI, no pueden verse como simples estadísticas ni como casos aislados.

Son señales alarmantes de un sistema que ha fallado precisamente donde más debía cuidar.

Cuando un niño llega a CONANI, llega buscando refugio. Muchos vienen huyendo del abandono, la violencia, el abuso o la pobreza extrema. Son menores vulnerables que dependen completamente de la protección del Estado.

Por eso resulta doloroso e indignante que algunos hayan perdido la vida en lugares donde debían encontrar seguridad, atención y esperanza.

Tal es el caso de una adolescente de 14 años, identificada preliminarmente como Nanita Pimentel que fue hallada muerta en un hogar de paso del CONANI ubicado en San Antonio de Guerra.

El deceso ocurrió bajo circunstancias bajo investigación, y tres menores que compartían pabellón se encuentran detenidos para fines de interrogatorio.

La sociedad dominicana tiene derecho a exigir respuestas claras: ¿Qué protocolos fallaron? ¿Había suficiente supervisión? ¿Contaban estos centros con personal capacitado, condiciones adecuadas y atención médica oportuna? El silencio, la indiferencia o las explicaciones superficiales solo aumentan la desconfianza de la población.

Pero este problema no se resuelve únicamente señalando culpables. También obliga a revisar el compromiso real del país con la niñez. Durante años, los temas relacionados con hogares de paso, salud mental infantil y protección de menores han recibido menos atención y recursos de los necesarios. Y las consecuencias hoy golpean con fuerza.

Cada niño que muere bajo protección estatal representa una herida moral para toda la nación.

No basta con lamentarse después de cada tragedia. Se necesitan investigaciones transparentes, responsabilidades concretas y reformas profundas que garanticen que ningún menor vuelva a perder la vida por negligencia o abandono institucional.

Porque la verdadera grandeza de un país no se mide por sus discursos, sino por la manera en que protege a sus ciudadanos, en especial a los niños.