Examen psicofísico para licencia de conducir: un servicio que nunca se dio y dejó RD$200 millones
El documento de acusación formal de la Operación Camaleón, presentado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), reveló que el examen psicofísico obligatorio para obtener o renovar la licencia de conducir nunca se implementó, aunque se recaudaron más de RD$200 millones por ese concepto.
Según la acusación, durante la gestión del entonces director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Rafael Ernesto Arias Ramírez, se suscribió una primera adenda contractual con la empresa Dekolor, identificada como “Primer addendum al Contrato de Concesión del Servicio para la Instalación y Operación de un Sistema Integral de Emisión de Licencias de Conducir Vehículos de Motor” (DJ-CBS-001-2020).
Este documento amplió los alcances del contrato original, modificó su objeto y precio, e incorporó nuevos servicios, entre ellos la gestión de los Centros Médicos Psicofísicos (Cemeco) y las evaluaciones médicas para licencias de conducir.
La Pepca sostiene que Dekolor carecía de habilitación y registro sanitario para ofrecer servicios médicos.
La Dirección de Habilitación de Servicios y Establecimientos de Salud (DHSES) certificó mediante el Oficio núm. DHSES-2025-01167, del 24 de julio de 2025, que no existen registros de centros identificados como Cemeco ni de empresas autorizadas a realizar evaluaciones médicas para licencias de conducir.
El documento acusa a Arias Ramírez de omitir el deber legal de convocar un proceso de licitación pública y adjudicar directamente los servicios a Dekolor, violando los principios de libre concurrencia, transparencia y legalidad administrativa.
Según la acusación, esta actuación tuvo como fin favorecer los intereses económicos de José Ángel Gómez Canaán (Jochi), quien controlaba Dekolor y utilizó la adenda para extender su dominio económico sobre nuevas fuentes de recaudación estatal.
La Pepca destaca que al momento de la adenda, el registro mercantil de Dekolor incluía únicamente actividades relacionadas con la instrumentación, impresión, diseño e implementación de licencias de conducir, carnets de aprendizaje y documentos personalizados de alta seguridad, así como el desarrollo de sistemas informáticos, sin contemplar servicios médicos o sanitarios.
Tras esa modificación contractual, Dekolor comenzó a cobrar RD$1,000 por solicitante por concepto de exámenes psicofísicos, sin control institucional ni fiscalización del Ministerio de Salud Pública ni de la Contraloría General de la República.
Los beneficios obtenidos mediante este esquema, según el documento, superaron los RD$200 millones, lo que configura una conducta de estafa agravada, desfalco y coalición de funcionarios.
El expediente precisa que los nuevos montos agregados al contrato comprendían el examen médico psicofísico y emisión del certificado por RD$1,000.00, el duplicado internacional de licencia en inglés y francés por RD$806.69 y el duplicado o renovación de licencias en el extranjero y embajadas por US$25.00.
La Pepca indica además que esta primera adenda no fue registrada ante la Contraloría General de la República, hecho que califica de doloso, ya que ,según el documento, no habría superado los controles internos de haberse intentado formalizar.
No obstante, sirvió como base para los cobros posteriores.
Pocos días después, José Ángel Gómez Canaán (Jochi) presentó ante Rafael Ernesto Arias Ramírez y el Intrant las empresas PagoRD Xchange S.R.L. y el Banco Múltiple BDI, S.A., proponiéndolas como encargadas del procesamiento y manejo de los pagos generados por la emisión y renovación de licencias, tasas y servicios administrativos.
Siguiendo esas recomendaciones, el 1 de junio de 2021, Arias Ramírez firmó un “Convenio para el Cobro de Servicios” con el Banco Múltiple BDI, S.A., representado por Juan Carlos Rodríguez Copello y José Antonio De Moya Cuesta, que autorizó a la entidad a recaudar ingresos institucionales y retener una comisión del 10% por cada transacción.
Posteriormente, el 30 de julio de 2021, suscribió otro convenio con PagoRD Xchange S.R.L., representada por Manuel Eduardo Mora Vázquez, otorgándole la administración directa de los cobros electrónicos bajo las mismas condiciones, a pesar de que la empresa no estaba registrada ante la Superintendencia de Bancos ni ante la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP).
En ambos acuerdos, de acuerdo con la acusación, se delegó a esas compañías la recaudación de pagos por licencias, tasas y servicios administrativos, permitiéndoles retener una comisión del 10% por transacción.
La Pepca resalta que ese porcentaje, aunque dos puntos menor al que retenía el Banco de Reservas, era cuatro veces superior al promedio del mercado, que se encontraba entre un 4% y un 5%.