MP: imputados son pasibles de condena 20 años
Alegando gravedad de los hechos, el daño ocasionado y la posible pena de “hasta 20 años de prisión” impunible en un juicio de fondo, el Ministerio Público ha solicitado 18 meses de prisión preventiva para los diez imputados de pagar sobornos en varias instituciones públicas, y que el caso sea declarado “complejo”.
El petitorio será conocido hoy a las 9:00 de la mañana por la jueza de atención permanente Fátima Veloz. Mientras, los prevenidos permanecen en la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, desde el pasado miércoles.
Son ellos el mayor general E.N. (r) Carlos Ambrosio Robles Díaz; los coroneles activos Andrés Pacheco Valera, Luis Ernesto Vicioso Boció, Francisco Guarín Fernández, Elías Caamaño Pérez y Ramón Quezada Ortiz, de la PN; Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar (FAD), y el primer teniente E.N. Wellington Peralta Santos,
También están implicados los civiles Quilvio Bienvenido Rodríguez González y Bolívar Nicolás Fernández Espinal, quienes son propietarios de las empresas supuestamente sobornates Servicios Nacional de Seguridad Integral SRL (Senase), Safeco Corredores, Consultores de Seguros SRL, y El Niño Prodigio EIRL, con domicilio en esta capital; Magesty Waste & Recycling Company SA, y Magesty Recycling SRL, con domicilio en Santiago.
Como propietarios de las empresas en Santiago figuran además de Bolívar, Miguelina Antonia Rosario Sánchez y Belkys Antonia Fernández Espinal. Ninguna de las dos señoras figuran como imputadas en la solicitud de medida de coerción.
Según el MP los diez imputados habrían conformado “estructura de militares y civiles” que se apoyaba en la distribución de sobornos para suplir seguridad privada (guachimanes) y agenciarse el mantenimiento de contratos de suplidores en instituciones públicas.
Indica que los sobornos distribuidos por los imputados en el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Instancia (Inaipi), Seguro Nacional de Salud (Senasa), y las empresas distribuidoras de electricidad (Edeeste, Edenorte y Edesur) ascienden a RD$108 millones, que habrían sido recibidos “por los encargados de seguridad” de las citadas instituciones públicas y los demás funcionarios imputados.
Entiéndase, Carlos Ambrosio, exdirector de seguridad Edesur; Ramón Quezada Ortiz, del departamento de seguridad de Edeeste; Andrés Pacheco, exencargado de Seguridad de Edenorte; Luis Ernesto, exdirector de seguridad de Edeeste; Elías Caamaño, exencargado seguridad del (Senasa); Bolívar Nicolás, encargado de Seguridad de Edenorte; y Wellington Peralta, exasistente encargado seguridad del Inaipi.