Caso Lobo: 10 características de la «red» que habría drenado fondos públicos

Los diez imputados en la Operación Lobo, entre ellos militares y civiles, habrían creado una estructura de corrupción administrativa que operaba bajo una serie de características, con el objetivo de obtener y mantener contratos de seguridad privada en el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Nacional de Salud (Senasa) y en las empresas distribuidoras de electricidad EdeNorte, EdeEste y EdeSur.

Así lo establece el Ministerio Público en el expediente de solicitud de prisión preventiva, como medida de coerción, contra los involucrados, documento que fue depositado la noche del miércoles ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional.

A continuación, te compartimos las características de la presunta red, de manera íntegra.

1- Constituyeron una estructura criminal interna en las instituciones públicas, integrada por servidores públicos, encargados de seguridad institucional, miembros de los comités de compras y contrataciones, y personal administrativo vinculado al procesamiento y pago de facturas, quienes actuaban de manera coordinada para favorecer a determinadas empresas de seguridad privada a cambio de sobornos, manipulando los procesos de contratación y garantizando la continuidad de los contratos de forma irregular.

2- Establecieron un mecanismo sistemático para el cobro de sobornos, fijando montos que oscilaban entre un 5 % y un 10 % del valor total de la facturación mensual de las empresas contratistas. Esta cuota ilícita era exigida con el fin de agilizar los pagos, eliminar trabas administrativas y garantizar la continuidad de los contratos, que de otro modo se veían obstaculizados por demoras burocráticas o la falta de plaficacion institucional y eran entregadas inmediatamente después de que se efectuaban los pagos a las empresas contratistas imputadas en este escrito.

3- Obstruyeron deliberadamente la ejecución de contratos adjudicados a varias compañías, con el objetivo de extorsionar a los contratistas. Esta obstrucción se llevó a cabo mediante el establecimiento de trabas administrativas y burocráticas, así como la negación de información esencial sobre los requerimientos y condiciones necesarias para la instalación de los servicios de seguridad. Dichas acciones tenían como fin forzar a las empresas contratistas a ofrecer sobornos a cambio de la posibilidad de cumplir con los compromisos contractuales.

4- Los funcionarios involucrados manipularon las licitaciones a fin de asegurar que los contratistas seleccionados fueran aquellos dispuestos a cumplir con los pagos ilícitos, independientemente de si cumplían o no con los requisitos técnicos o económicos establecidos en las convocatorias.

5- Debilitaron, deliberadamente, los mecanismos intitucionales de control y supervisión, subordinando el sistema de recepción de servicios a los directores de seguridad, quienes actuaban como garantes del esquema ilícito a cambio de beneficios económicos personales.

6- Utilizaron intermediarios para canalizar los sobornos, con el propósito de ocultar la identidad de los funcionarios beneficiarios y dificultar la trazabilidad del dinero ilícito. Estos intermediarios actuaban como enlaces entre las empresas contratistas y los servidores públicos, recibiendo los pagos y los distribuyeron conforme a los acuerdos previamente establecidos dentro de la estructura criminal.

7- Para honrar la recepción de los sobornos, los funcionarios vinculados cometieron múltiples violaciones a la ley, incluyendo la usurpación de funciones por parte de miembros del Comité de Compras, la manipulación de evaluaciones técnicas, la adjudicación irregular de contratos y la flexibilización arbitraria de cláusulas contractuales.

8- Realizaron pagos indebidos por serv1c1os no prestados, sobrecostos por ampliaciones del contrato no autorizadas, facturación previa a la adjudicación formal de contratos y la omisión de retenciones impositivas, lo que implicó pérdidas millonarias para las arcas públicas.

9- Realizaron maniobras fraudulentas al presentar documentación inconsistente, incluyendo certificados de personal no cotizantes, licencias vencidas y capacitaciones inexistentes o simuladas, lo que evidencia una intención deliberada para cometer las conductas atribuidas a estas y sus gerentes.

10- Se cobró al Estado mediante el uso de facturas antedatadas, certificaciones ficticias y el control simulado o inadecuado de la recepción del servicio contratado.

Imputados en la Operación Lobo
El órgano persecutor identificó como imputados en la Operación Lobo al mayor general retirado del Ejército, Carlos Ambrosio Robles Díaz, así como a los coroneles de esa institución Andrés Pacheco Varela, Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández Vásquez y Elías Camaño Pérez.

A la lista de apresados también se suman el coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar; el primer teniente del Ejército, Wellington Peralta Santos; el empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González; el coronel de la Policía, Ramón Quezada Ortiz, y el señor Bolívar Nicolás Fernández Espinal. El grupo se encuentran bajo arresto y a la espera de que un tribunal les conozca la solicitud de medida de coerción.

Caso Lobo: Empresas entregaban a funcionarios entre un 5 % y un 10 % del total de cada factura

La investigación
En la Operación Lobo participaron 26 fiscales de los órganos de investigación del Ministerio Público, con el apoyo de 189 agentes de la Policía Nacional, para enfrentar la red que habría afectado a las referidas instituciones del Estado.

La Pepca y la Dirección General de Persecución adelantaron que la investigación inició con una denuncia enviada al Ministerio Público por la gestión de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental que encabeza la doctora Milagros Ortiz Bosch.

Además, explicaron que las líneas de investigación siguen su curso con la rigurosidad y la visión holística que promueven para estos casos la gestión de la procuradora general Yeni Berenice Reynoso y que buscan encarar la criminalidad y el delito en todos sus ámbitos.