El Ministerio de Salud Pública reportó el viernes una ligera reducción en la ocupación hospitalaria de pacientes con coronavirus, que se situó en 71% los de cuidado intensivo (UCI) y 50% en intermedio; sin embargo, 13 centros del Gran Santo Domingo continúan con una ocupación total de las unidades para los pacientes graves.

El juez del Tercer Juzga­do de la Instrucción del Distrito Nacional, pospu­so para el próximo 6 de julio el conocimiento de la revisión obligatoria de la medida de coerción a los imputados en el caso Pulpo.

Tras la denuncia que realizaron los productores de cebolla de La Horma, Sabana Larga, San José de Ocoa, el Gobierno dominicano, a través del Ministerio de Agricultura, llegó a un acuerdo de comprarle 10,000 quintales semanales para ser comercializados por el Instituto de Estabilización de Precios (Inespre).

Por quinta semana consecutiva, los precios de los combustibles fueron congelados para la semana del 19 al 25 de junio, según informó esta tarde el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM).

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La Oficina Nacional de Meteorología (Onamet) pronosticó para este viernes aguaceros, debido a la incidencia de una onda tropical ubicada en la porción este del país, además de la incidencia indirecta de una vaguada en diferentes niveles de la troposfera.

Luis Maisichell Dicent, exadministrador de la Lotería Nacional, se defendió de las acusaciones que pesan en su contra por la “Operación 13”, diciendo que había decidido no quitarse la vida pensando en sus hijos y en limpiar su nombre.

Pleno celebra encuentro regional en el Sur del país; busca evitar anomalías en las próximas elecciones.

SANTO DOMINGO.- La jueza de la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste, Clara Rivera, impuso tres meses de prisión preventiva como medida de coerción a un vigilante privado que ultimó de un disparo a la cabeza a un hombre frente a una sucursal del banco BHD, ubicada en una plaza comercial, en Manoguayabo, prolongación de la avenida 27 de Febrero.

Explicó que con el dinero que se recupere condenando a los corruptos, se pueden mejorar los servicios públicos que el Estado está obligado a brindar a la ciudadanía.