Los indicadores de salud del país se encuentran en estado crítico. Por ejemplo, según el Atlas Mundial de la Fuerza Laboral Sanitaria de la OMS, en 2017 América Latina tenía 2.3 médicos por cada 1,000 habitantes, y en la actualidad en el país tenemos solo 1.5. En 2018 en el continente había 5.1 enfermeras por cada 1,000 habitantes y en el país solo 1.4. En 2014 el número de camas por cada 1,000 habitantes en la región era 2.2, y en RD actualmente es apenas 0.8.

La crisis mundial y nacional por la pandemia global de COVID-19 y las medidas adoptadas por los gobiernos, se han reflejado en la situación del Sistema Dominicano de la Seguridad Social creado con la Ley No.87-01 en 2001, próximo a cumplir 20 años de vigencia.

La contundente victoria electoral del MAS en Bolivia, tanto a nivel presidencial como congresual, echa por tierra el exitismo y envalentonamiento con que la derecha latinoamericana -Luis Almagro a la cabeza- habían depuesto al Proceso de Cambio que gobernaba el país desde 2005.

Las desigualdades en la atención médica estadounidense se extienden hasta el hospital. Los hospitales de la red de seguros públicos carecen del dinero, equipos y otros recursos de sus contrapartes más pudientes, lo que dificulta la prestación de cuidados críticos y exacerba las disparidades en resultados.

Se estuvo trabajando por años, finalmente se promulgó en febrero, y ahora vendrá su puesta en práctica. Todos y todas debemos leer la Ley No. 47-20 de Alianzas Público-Privadas y su reglamento. No es palabra que bajó del cielo.

¿Qué hacías aquel día infame y brutal de 1495 en que, según la conveniente versión de los conquistadores, te apareciste y les concediste la victoria abusiva y traicionera con arcabuces y ballestas en contra de nuestros caciques y pobladores originarios, alzados en contra de la esclavitud y que ya se habían retirado en paz?

La mujer es madre de una niña de 8 años. Ha logrado mantener su empleo durante el Estado de emergencia, y no tiene cómo ir con su pequeña al trabajo ni con quién dejarla. Se le hará imposible, a distancia, controlar que su hija, sola en casa, se mantenga tanto tiempo atenta a la clase virtual.

Según la Constitución, en su artículo 61, toda persona tiene derecho a la salud integral y el Estado debe velar por ello, procurar los medios para la prevención y tratamiento de todas las enfermedades, asegurando el acceso a medicamentos de calidad y dando asistencia médica y hospitalaria gratuita a quienes la requieran. Además, mediante legislaciones y políticas públicas, debe garantizar el ejercicio de estos derechos a la población de menores ingresos y prestar protección y asistencia a los grupos y sectores vulnerables.

En marzo hacíamos esta pregunta: "¿Por qué en República Dominicana quedarse en casa y tomar las máximas medidas de prevención son un imperativo, especialmente para la mayoría de nuestro pueblo que depende del sistema nacional de salud?". Y entonces respondíamos:

Hoy en día, escuchamos hablar de la investigación y el impacto social que ésta puede tener; partiendo de este enunciado podemos definir la investigación como un proceso que, haciendo uso de la aplicación del Método Científico, procura obtener información relevante e inequívoca, con el objetivo de entender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento.

Mucho más que laboratorios, batas blancas, instrumentos o pizarras llenas de fórmulas y anotaciones es la investigación científica; más que señores extraños con barbas canosas y apartados del mundo sensible, cual vemos en películas o series de ficción. Es su aplicabilidad a través de una serie de pasos con sistematicidad y rigurosidad necesarios para indagar un problema de interés con la intensión de encontrarle solución.

Según los datos de la Superintendencia de Pensiones, la reducción de cotizantes al sistema de pensiones entre abril y junio de 2020 fue de un 33%, exactamente 602,749 contribuyentes, pero resulta que los fondos manejados por las AFP, en vez de disminuir, ascendieron a 603 mil 411 millones de pesos y un poco más.

En todo el mundo ha avanzado y se ha afianzado el concepto de Gabinete Paritario, es decir un gabinete de ministras y ministros donde mujeres y hombres participen en igualdad de condiciones. Ya en muchas partes del mundo este es un punto fuera de discusión.

Hace casi cuatro años publiqué una columna titulada “Cuidado con una privatización en ciernes en la Educación”. En la referida columna advertíamos una privatización velada de los recursos del 4% para la Educación, reorientados a universidades particulares, y que resultaba llamativo que se hiciera “a través de la misma vía que propuso Sebastián Piñera en Chile, para la formación de maestros y maestras. El motivo es seductor, pero el fondo es nefasto”.

SAN FRANCISCO DE MACORÍS.- La pandemia por el coronavirus (SARS cov2 o COVID-19) ha cambiado al mundo. Y no es para menos. La cantidad de personas fallecidas y enfermas desde final de diciembre de 2019 y la falta de una vacuna y de tratamiento para contenerla ha sembrado la incertidumbre en la humanidad.

Las protestas surgidas a raíz de las abortadas elecciones del pasado 16 de febrero, han sido, como nadie esperaba, una descarga de impotencia, deuda acumulada y un derroche de creatividad en el método de la protesta pacifica.

Durante las campañas electorales, los candidatos a cargos de elección popular realizan promesas que van desde la resolución de problemas fundamentales de la población, hasta el nombramiento en puestos públicos de los compañeros del partido que se identifican y trabajan a favor de la candidatura.

Según cifras oficiales, las exportaciones de zonas francas en 2018 ascendieron a 6,230 millones de dólares, equivalentes al 57.1% de las exportaciones totales, y su contribución al PIB fue del 3.3% (132,661 millones de pesos). En el mismo año, 171,726 trabajadores y trabajadoras se ocuparon en el sector.

El actual sistema de salud y seguridad social somete a la población a la desprotección, contrario a la naturaleza del Estado social y democrático y a los Derechos Fundamentales consignados en la Constitución dominicana. Sin embargo, las ARS y AFP han consumido ya más de 100 mil millones de pesos en utilidades netas y gastos de funcionamiento, que salen de los recursos de la sociedad dominicana.

Primero que nada ¿cómo es posible que el Secretario General de la OEA esté interviniendo flagrantemente en los asuntos políticos internos de Bolivia, si el artículo 1 de la Carta de la OEA la establece como una “organismo regional” sin “más facultades que aquellas que expresamente le confiere la Carta”, a la vez que ninguna disposición “la autoriza a intervenir en asuntos de la jurisdicción interna de los Estados miembros”? Almagro es un usurpador, toda vez que el artículo 54 de la referida carta reza: “la Asamblea General es el órgano supremo de la Organización”.

Si la afirmación parece demasiado severa, podríamos acudir a las recientes declaraciones radiales del exsecretario general de la OEA, José Miguel Insulza: “hubo este Golpe y desgraciadamente el Secretario General [Almagro] optó por hacer un conjunto de declaraciones que una vez más lo colocaron del lado de uno de los bandos en pugna (…) al igual que ha ocurrido en otros casos; la OEA que no es un organismo supranacional, es un organismo multilateral, tiene que hacer lo que los países miembros quieren que se haga y no le que le parezca a una sola persona. [Es] creer que la OEA puede actuar por encima de los países lo que está creando problemas”.

Mucho antes, en 2016, su compatriota, el expresidente Pepe Mujica le escribió una carta a don Luis, a propósito de la situación en Venezuela: “Luis: Sabes que siempre te apoyé y promoví. Sabes que tácitamente respaldé tu candidatura (…). Lamento que los hechos reiteradamente me demuestren que estaba equivocado. No puedo comprender tus silencios sobre Haití, Guatemala y Asunción (…) Venezuela nos necesita como albañiles y no como jueces, la presión exterior solo crea paranoia y esto no colabora hacia condiciones internas en esa sociedad (…) Repito: la verdadera solidaridad es contribuir a que (...) se puedan autodeterminar respetando sus diferencias pero esto implica clima que lo posibilite. Es muy difícil hoy, pero toda otra alternativa puede tener fines trágicos para la democracia real. Lamento el rumbo por el que enfilaste y lo sé irreversible, por eso ahora formalmente te digo adiós”. Posiblemente el grave problema de fondo sea que la “Organización” cuesta 85 millones de dólares anuales, y que un solo país, Estados Unidos, cubra el 60% del presupuesto. “El caballo se amarra donde dice el dueño”, dicen en algunos de nuestros países.

Luego, surgen otras interrogantes:
¿Cómo es posible que el señor Almagro se coordine con la autoproclamada Añez para hablar de un “fraude demostrado” siendo que la OEA fue invitada por el propio gobierno primero a observar y luego a auditar las elecciones, y en su informe jamás menciona tales términos, diciendo claramente que “resulta posible que el candidato Morales haya quedado en primer lugar” y que “los técnicos de la OEA contaron con la necesaria información y accesos para poder realizar su trabajo”? La recomendación de realizar “otro proceso electoral” fue acogida a las pocas horas por el mismo Morales, llamando a nuevas elecciones. Otros estudios han mostrado que el “informe preliminar” de la OEA (¿aparecerá alguna vez el definitivo?) de apenas 13 páginas es débil y falla en varios de sus ejercicios analíticos. Poco importó que el presidente Morales alertara a los auditores, cuya finalidad debía ser ayudar a la paz y la concordia: “van a incendiar el país (…) es una decisión política”.

Pero, más allá: no contando aún con ninguna prueba de ningún fraude, pero en caso de que las encontraran ¿por qué los parlamentarios opositores no acudieron al artículo 184 de la Constitución que les permite autorizar el juicio al Presidente o Vicepresidente “por delitos cometidos en el ejercicio de su mandato, en proceso oral, público, continuo e ininterrumpido”?

¿Si “desde 2016” Evo Morales era un candidato ilegítimo, porqué la oposición participó en las elecciones, y Carlos Mesa, candidato perdedor, quien lo acusa incluso de “tirano”, aceptó hasta hace poco ser el vocero de la demanda marítima de Bolivia ante La Haya bajo el mando de Morales?

¿De qué manera se sostiene la autoproclamación de la señora Añez si el artículo 161 de la Constitución autoriza solamente a la Asamblea Legislativa a conocer las renuncias del Presidente y/o Vicepresidente y esta no pudo sesionar? ¿Por qué no han respetado el artículo 169 que solo autoriza a ocupar la presidencia al Presidente, el Vicepresidente, el presidente del Senado y o el de los Diputados, y en esta última instancia ordena realizar nuevas elecciones en el plazo máximo de noventa días?

¿Cómo se anuncia una lista de parlamentarios “sediciosos” y se rodea la Asamblea con tanquetas si el artículo 151 reza que “los asambleístas gozarán de inviolabilidad personal durante el tiempo de su mandato y con posterioridad a éste, por las opiniones, comunicaciones, representaciones, requerimientos, interpelaciones, denuncias, propuestas, expresiones o cualquier acto de legislación, información o fiscalización que formulen o realicen en el desempeño de sus funciones no podrán ser procesados penalmente”?

¿Cómo se puede aceptar que la jefatura militar y policial “pidiera” públicamente al presidente su renuncia, si los artículos 244 al 246 indican entre sus funciones “garantizar la estabilidad del Gobierno legalmente constituido”, que su organización “descansa en su jerarquía y disciplina”, que es “esencialmente obediente, no delibera y está sujeta a las leyes y a los reglamentos militares” añadiendo que “como organismo institucional no realiza acción política” y “dependen del Presidente del Estado”?

Por último ¿porqué no sólo no aceptaron la convocatoria a diálogo ni a nuevas elecciones, sino que tampoco hicieron uso oportuno del recurso constitucional de la revocación de mandato, existente en muy pocos países entre ellos Bolivia, y que autoriza a revocar a toda persona que ejerza un cargo electo, pudiendo proceder por iniciativa ciudadana “a solicitud de al menos el 15% de votantes del padrón electoral”, transcurrida la mitad del mandato?

Dicen que en Bolivia derrocaron a Evo “sin disparar un solo tiro”. Ojo con frases tan cortas que suelen llegar al reduccionismo. A Salvador Allende se le invitó a renunciar, incluso se le ofreció un avión, con un ultimátum hasta las 11 am. También el derrocamiento de Bosch en República Dominicana, en 1963, se hizo “sin un solo tiro”. Lo apresaron en el Palacio y lo expulsaron del país en barco militar. En ambos casos después aparecieron los “políticos civiles” a firmar un acta o saludar a los “redentores” en una misa. Son los que limpian la escena del crimen, y hasta usan Biblias para declarar su inocencia.

En los últimos años, en Honduras, Paraguay y Brasil, los golpes de Estado han hallado un cause “elegante” mediante la votación parlamentaria, subvirtiendo el espíritu de la separación y balance de poderes, o la persecución con subterfugios legales sin debido proceso en el caso de Cristina Kirchner, Lula da Silva y Rafael Correa, aprovechando fabulosas cortinas de humo que lanzan los grandes emporios mediáticos.

Pero todo golpe de Estado cumple su regla de oro: con títulos como “transición democrática” violan la legalidad nacional e internacional, otra vez con la complicidad de los mandos de la OEA, para lograr que una minoría derrotada se imponga a la mayoría, queriendo ganar con la fuerza lo que no ganaron ni quisieron ganar con votos. No solo deponen presidentes, sino que se atribuyen la refundación del Estado, de las instituciones, y la depuración política. En Bolivia ya superan los 20 muertos y más de 500 personas atropelladas en sus derechos, según la Defensoría del Pueblo.