Allanamiento por error de oficina política alcalde de Santiago generó revuelo
El alcalde de Santiago, Abel Martínez, consideró como un atropello abusivo el allanamiento practicado por agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) en su oficina política en el sector el Paraíso de esta ciudad.
Por igual pidió a la agencia anti narcótica que aclare la requisa que hizo en busca de dos hombres que en su vida nunca ha visto.
Para Martínez, la acción de la DNCD y el Ministerio Público, es un atropello abusivo y sin límite, al entrar de esa manera a la casa que ocupa como oficina política desde hace 15 años.
El funcionario edilicio declaró que le sorprende que la orden de allanamiento tiene un número diferente al de su vivienda igual que la calle.
Por tal razón, enfatizó que puede ser malintencionado por error ó confusión.
“A la verdad que sentimos indignación de como se violenta la privacidad, de como por una confusión, por un error crean un caos sobre mi persona, buscando a estos dos individuos que yo apelo que los persigan, los consigan y los arresten”, refirió Martínez.
En ese contexto, significó que la DNCD y el Ministerio Público deben aclarar quiénes son esas personas y deploró que por error entraron a esa casa de campaña.
“Y hablan de una vigilancia de hace días de unas pacas que entraron ahí, claro que sí, pacas de pajas para un gallinero que nosotros tenemos ahí, pero no vivimos ahí”, insistió.
Sostuvo que todo el santiaguero saben que tienen 15 años despachando los temas políticos desde esa casa, la cual está alquilada por 10,000 pesos desde hace 15 años.
El Ministerio Público, en el referido allanamiento, perseguía a Amílcar Rafael Soto Candelario, de 46 años, y Carlos Edelmiro Rossó Peña, de 48, quienes son buscados por presuntamente violar la Ley 50-88 sobre drogas y sustancias controladas; la 631-16 sobre armas y municiones; de la 155-17 sobre lavados de activos provenientes del tráfico ilegal de drogas, y otras “infracciones graves”.
Comunicado
Soto Candelario y Carlos Edelmiro Rossó Peña, ambos buscados por la DNCD, fueron miembros de la Armada de República Dominicana. Por esta razón la entidad emitió una aclaración tras las versiones de que esos hombres pertenecen a ella. “La Armada de República Dominicana informa a la ciudadanía que Carlos E. Rossó Peña y Amílcar Rafael Soto Candelario, no son miembros de la Armada de República Dominicana, tal y como se informa en diferentes medios de prensa y redes sociales”, indicó. La entidad señala que tanto Rossó Peña, como Soto Calendario, fueron despojados de sus nombramientos en 2008 y 2009, respectivamente, por decretos presidenciales del entonces mandatario Leonel Fernández. “Rossó Peña, fue cancelado por el Poder Ejecutivo su nombramiento de oficial de la Armada, en fecha 13 de agosto del año 2008. En el mismo sentido, al nombrado Soto Candelario le fue cancelado por el Poder Ejecutivo su nombramiento de oficial de la Armada.