En seis meses, República Dominicana debió deportar 240 mil haitianos, pero DGM reporta 180 mil
Desde que el gobierno dominicano inició la deportación de 10 mil haitianos por semana, una meta que fue anunciada a todo el país en octubre de 2024, se han enviado hacia Haití solo 180 mil de esos extranjeros durante un período de seis meses.
Según el reporte de la Dirección General de Migración (DGM) de este martes, desde el 1 de octubre pasado hasta este 31 de marzo de este año, la entidad registró un total de 180,417 haitianos.
Si se hubiese cumplido con lo pautado—desde octubre a marzo— el número de irregulares devueltos a su nación hubiese sido 240 mil. Es decir, los datos de la DGM indican que 60 mil haitianos quedaron pendientes de ser enviados hacia su país.
Solo en octubre se logró la meta, según lo que reportó Migración: en ese mes, 40,223 haitianos fueron deportados; en noviembre 28,703; en diciembre 25,085; en enero 31,213 y en febrero 26,659 personas.
«La cifra histórica de repatriaciones en seis meses se alcanzó con los 28,534 nacionales haitianos detenidos en el decurso de marzo por su condición migratoria irregular. El año pasado (2024) las repatriaciones de nacionales haitianos indocumentados fueron 276,215 y ya para este 2025 el total acumulado al 31 de marzo es de 86,406 personas», indica una nota de la DGM.
Dice que todos los procesados, antes de su deportación, fueron registrados y validados mediante equipos de biometría, depurados de acuerdo a los protocolos establecidos y evaluados de manera individual y detallando el perfil de cada uno.
Las interdicciones se llevaron a cabo en el Gran Santo Domingo, La Romana, La Altagracia, San Pedro de Macorís, Hato Mayor, El Seibo, Azua, Santiago Rodríguez, Moca, Provincia Duarte, Loma de Cabrera, Dajabón, Valverde, Monte Cristi, Barahona, Provincia Peravia y Montecristi.
También, La Vega y Santiago de los Caballeros, y se realizaron en coordinación con el Ministerio de Defensa, el Ejército Nacional, la Armada Dominicana, la Fuerza Aérea Dominicana, la Policía Nacional, el Ministerio Público, la Digesett, Fuerza de Tarea Ciudad Tranquila y otras entidades gubernamentales.
La DGM expuso que los operativos de interdicción se ejecutaron respetando los derechos humanos, la dignidad de los inmigrantes y cumpliendo con las normas del derecho internacional y el derecho procesal democrático vigente. Agrega que las medidas se corresponden con las políticas migratorias establecidas, para que todos los extranjeros estén debidamente documentados y registrados.
Reiteró, asimismo, que seguirá cumpliendo la ley, el mandato del Consejo de Defensa y Seguridad de la República y las directrices del presidente Luis Abinader, todo dentro de un enfoque integral para que los procesos de repatriación y control fronterizo se realicen de manera justa, equitativa y sin discriminación.