Luego de ver un vídeo, titulado, “Para qué sirve la ética”, donde entrevistan a la maestra Adela Cortina, de Valencia, España, en el que esta habla sobre la Aporofobia. La filósofa nos acerca con interés a su significado: el rechazo, miedo o desprecio hacia las personas pobres o sin recursos. Tiene dicho significado su origen en el vocablo griego “aporos” (pobre, sin recursos o necesitado) y “phobos” (miedo, rechazo o aversión).

Las recientes declaraciones del diputado Nicolás Hidalgo en torno a la posibilidad de descontar salarios a los docentes que participan en jornadas de protesta han generado un amplio debate dentro del sector educativo. Más allá de la posición que pueda asumir cada ciudadano sobre este tema, resulta necesario analizar la solidez de los argumentos que sustentan dicha propuesta y su compatibilidad con el marco jurídico que protege los derechos de los trabajadores dominicanos.

La propuesta de algunos diputados de descontar salarios a los maestros que participen en huelgas ha generado un amplio debate en la sociedad dominicana.

La reciente propuesta legislativa del diputado Nicolás Hidalgo, orientada a descontar salarios a los docentes que participen en huelgas y paros laborales, ha generado un intenso debate en la opinión pública. No se trata únicamente de una iniciativa que afecta derechos laborales; también plantea interrogantes sobre la visión que algunos dirigentes tienen de la educación y de quienes dedican su vida a ella. Tal parece que no solo la primera dama ve peligro en la democracia ejercida desde la ADP, los ilustres diputados temen a que la clase magisterial se exprese en mejora de la educación del país.

La palabra “honorable” posee un peso histórico y moral demasiado grande para ser utilizada a la ligera. No nació como un simple protocolo político ni como una decoración institucional colocada delante del nombre de un funcionario público. Llamar honorable a un legislador implicaba, originalmente, reconocer en él prudencia, dignidad, responsabilidad pública y compromiso genuino con las necesidades del pueblo. El honor no estaba en ocupar el cargo; estaba en merecerlo. Por eso resulta tan preocupante cuando algunos diputados parecen olvidar que fueron elegidos para tres funciones esenciales: legislar, fiscalizar y representar. No para producir titulares vacíos ni propuestas superficiales destinadas únicamente a generar ruido mediático.

No hay casi nadie que al ir a un centro médico o una farmacia no le hayan dicho “no le cubre”. Tampoco hay nadie que, directa o indirectamente, no conozca a personas que estén recolectando dinero para un tratamiento médico de vida o muerte. Y no hay nadie que no haya visto titulares sobre “el colapso de los hospitales públicos”.

Quince años han transcurrido desde la partida física del comandante Tancredo Antonio Vargas Cruz. Sin embargo, en tiempos donde el mundo vuelve a estremecerse bajo las tensiones geopolíticas, las guerras de dominación y el resurgir de las amenazas imperialistas contra los pueblos soberanos, su pensamiento político no luce viejo ni derrotado. Por el contrario, adquiere una vigencia que asombra.

En la República Dominicana, hablar del tránsito es hablar también de los motoristas.

Tras aprobar en primera discusión el proyecto que busca reformar la Ley 16-92 del Código de Trabajo, la Cámara de Diputados aprovecho este miércoles la agenda legislativa en el conocimiento de dos préstamos depositados por el Gobierno.

Mientras el país vuelve a girar alrededor de la llamada evaluación de desempeño docente, resurgen debates, tensiones, expectativas y temores. Algunos la defienden como mecanismo necesario para garantizar calidad, reconocer méritos y establecer incentivos; otros la observan con cansancio, incertidumbre o desconfianza. Y aunque resulta legítimo evaluar, porque toda práctica profesional necesita revisión, mejora y responsabilidad, hay una pregunta mucho más profunda que casi nunca se coloca en el centro de la discusión pública: ¿qué parte esencial del acto de educar nunca podrá ser plenamente evaluada?

Durante años, la seguridad ciudadana ha sido abordada desde la urgencia. Cada hecho delictivo genera reacción, indignación y respuestas inmediatas. Sin embargo, esa lógica, aunque necesaria, ha demostrado ser insuficiente. No podemos seguir construyendo políticas públicas únicamente desde la reacción.

La verdadera pregunta no es cómo respondemos al delito, sino por qué seguimos llegando tarde.

Prevenir no es un discurso aspiracional. Es una obligación del Estado moderno. Significa actuar antes de que la violencia ocurra, identificar factores de riesgo, intervenir en los territorios y construir oportunidades donde hoy existen vacíos. Significa, en esencia, entender que la seguridad no se impone, se construye.

Durante mucho tiempo, se ha asociado la firmeza del sistema de justicia con la cantidad de casos judicializados o con la severidad de las sanciones. Pero la verdadera fortaleza de un sistema no se mide solo en su capacidad de castigar, sino en su capacidad de evitar que el delito ocurra. Ahí está el gran desafío.

El Ministerio Público, como representante de la sociedad, no puede limitar su rol a la persecución penal. Está llamado a ser un actor estratégico en la prevención, en la articulación interinstitucional y en la cercanía con la ciudadanía. La justicia debe ser firme, sí, pero también inteligente.

Y es que una justicia inteligente es aquella que escucha, que analiza y que actúa con visión.

No se trata de sustituir la reacción, sino de complementarla con estrategia. De pasar de una lógica de respuesta a una lógica de anticipación. De dejar de correr detrás del delito para empezar a adelantarnos a él.

Esto implica asumir decisiones complejas. Implica invertir en prevención, medir resultados, evaluar políticas públicas y reconocer que no todas las soluciones son inmediatas. Pero también implica algo más profundo: un cambio de mentalidad.

La seguridad ciudadana no se resolverá únicamente en los tribunales. Se construye en las comunidades, en las escuelas, en las familias y en la confianza entre ciudadanos e instituciones.

Por eso, prevenir no puede seguir siendo opcional, es el camino.

Por : Smaily Yamel Rodríguez

Es actual Procuradora Fiscal Titular de la provincia Duarte, Abogada Litigante, Investigadora Criminal, Funcionaria de carrera del Ministerio Público, Gestora Pública de formación y de corazón.

En un video de 1 minuto y 12 segundos, el presidente Luis Abinader dejó saldado el debate sobre el proyecto de la empresa minera Gold Quest en Romero, provincia de San Juan. El presidente dejó frenado el plan apelando a una idea: “ Si la población rechaza de manera masiva un proyecto de esa categoría, no es viable continuarlo”. Tal cláusula no está en ningún artículo específico de la Ley 64-00; más bien el presidente tuvo que interpretarla políticamente ante la contundencia de los hechos.

Siempre se ha dicho que una sociedad comienza a perderse cuando deja de valorar a quienes enseñan y comienza a admirar únicamente a quienes entretienen; esto porque mientras enseñar exige responsabilidad, entretener muchas veces solo exige atención; mientras el maestro forma conciencia, el espectáculo simplemente alimenta impulsos; mientras el educador construye ciudadanos, el entretenimiento vacío produce consumidores emocionales.

En enero de 2019 el entonces presidente Danilo Medina firmó el decreto 6-19, sobre el Reglamento de Licencias de Conducir, en el que se establece que las personas mayores de 65 años tienen que renovar su licencia de conducir cada dos y un año.

El famoso puente de Bijao está ubicado entre dos curvas lo que lo coloca en un lugar altamente peligroso.

La evaluación de desempeño docente, que debería ser un instrumento para fortalecer la calidad educativa, se ha convertido en motivo de frustración e indignación para miles de maestros en el país.

En los últimos años se ha hecho cada vez más común escuchar que ya no hay “trabajadores”, sino “colaboradores”. La palabra suena bien. Es amable, moderna, aparentemente más humana. Nadie se molesta con ser llamado colaborador; al contrario, hasta parece un reconocimiento. Pero cuando uno se detiene a pensar con un poco más de profundidad, la pregunta surge casi de inmediato: ¿realmente cambió la realidad del trabajo o solo cambió la forma de nombrarla?

Cuando se habla de desarrollo económico y social sostenido y con equidad, de forma tácita se refiere a bienestar colectivo y sostenibilidad ambiental, que en definitiva dos aspectos que son parte indisoluble del interés público.

Hace pocos días se anunció que el presidente de la República enviará un proyecto de “reforma” a la Ley No. 87-01 que regula el Sistema Dominicano de Seguridad Social, el cual será presentado para discusión en el Consejo Económico y Social (CES).

En la columna anterior dábamos cuenta de que las AFP han consumido la descomunal cifra de $126,489 millones, sumando ganancias y costos de funcionamiento, financiados con el esfuerzo de todos los que cotizan al sistema de seguridad social, a cambio de pensiones de pobreza.