Evasión le quita RD$6,640 millones al sistema de seguridad social del país

Entre enero del año 2021 y noviembre de 2023, el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) de República Dominicana ha enfrentado una preocupante realidad: la evasión de contribuciones por parte de los aportantes.

Durante este periodo, se dejaron de percibir alrededor de RD$6,640 millones debido a la falta de pago de contribuciones, lo que representa cerca del 1.4 % del monto total generado por concepto de Notificaciones de Pago (NP) en 35 meses de análisis.

A pesar de las medidas y plazos establecidos por la ley, el incumplimiento en los pagos al SDSS compromete la estabilidad y sostenibilidad del sistema. Además, durante el mismo periodo, los pagos en atraso ascendieron a aproximadamente RD$22,888 millones, equivalentes al 4.7 % del total generado por NP.

En conjunto, cerca del 6.1 % de los recursos financieros que debieron ingresar al sistema se hicieron de manera tardía o nunca. La importancia de estos datos –extraídos de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS)- radica en que estos recursos debieron destinarse a garantizar la contraprestación de servicios a los trabajadores nacionales, y debieron distribuirse de manera específica: un 48.1 % al seguro familiar de salud, un 46.7 % al seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia, y el 5.1 % restante al seguro. Estas cifras, contenidas en el estudio “Caracterización de la Duración y la Recurrencia de la Evasión Contributiva en el Sistema Dominicano de Seguridad Social”, elaborado por la TSS, muestran un panorama alarmante.

El problema de la evasión contributiva en el SDSS no es un fenómeno nuevo. Desde su creación en 2001 mediante la Ley 87-01, el Sistema Dominicana de Seguridad Social (SDSS) ha sido el pilar del sistema de protección social dominicano. Esta ley establece los derechos y deberes recíprocos del Estado y de los ciudadanos en cuanto al financiamiento para la protección de la población contra diversos riesgos.

La Ley No. 87-01 dio origen también a la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), encargada del recaudo, distribución y pago de los recursos financieros del SDSS. Además, contempla la integración de tres regímenes de financiamiento: contributivo, subsidiado y contributivo subsidiado, cada uno con sus responsabilidades y objetivos específicos.

El incumplimiento en los pagos, ya sea por reducción, postergación o abstención, ha sido una preocupación constante para la TSS. Esto atenta contra la operatividad del sistema y ha motivado a realizar investigaciones como la antes mencionada, en procura de comprender las motivaciones y determinantes de la evasión contributiva en el país.

Responsables de financiamiento

En el régimen contributivo, tanto empleadores como trabajadores son responsables del financiamiento, asegurando así la sostenibilidad del sistema. Por otro lado, el régimen subsidiado se basa en las contribuciones del Estado para proteger a trabajadores por cuenta propia con ingresos inestables o bajos. El régimen mixto busca la contribución conjunta de técnicos y profesionales independientes con ingresos estables, junto con el Estado.

El estudio que ha realizado la TSS sobre el tema en cuestión busca identificar los factores que contribuyen a la evasión.

En el caso de la contributiva, no solo afecta la estabilidad financiera del SDSS, sino que también tiene repercusiones en el bienestar económico y social del país.

La falta de recursos adecuados compromete la capacidad del sistema para proporcionar servicios de salud, asistencia social y protección laboral a la población. Esto puede llevar a una disminución de la calidad de vida de los ciudadanos y a una mayor desigualdad en el acceso a la atención médica y otros beneficios sociales.

Pero además, la evasión contributiva también puede tener un impacto negativo en la estabilidad empresarial. Los empleadores que prolongan su estadía en el estado de morosidad corren el riesgo de enfrentar sanciones legales, multas y otros costos adicionales. Además, la reputación de la empresa puede verse afectada, lo que podría disuadir a posibles clientes y empleados.

Diversos factores pueden motivar a los empleadores y trabajadores a evadir sus obligaciones contributivas al SDSS.

Entre estos se incluyen la situación socioeconómica, las urgencias financieras coyunturales, la baja percepción del beneficio futuro de las contribuciones, la complejidad del sistema, los costos de cumplimiento y la debilidad en los registros contables. Además, la falta de fiscalización efectiva y la laxitud en la aplicación de las leyes laborales también pueden contribuir a la evasión.

Un análisis de la evasión contributiva por sectores económicos ha mostrado patrones. Por ejemplo, las empresas dedicadas a actividades industriales tienden a tener un mayor promedio de días de morosidad en comparación con las empresas de otros sectores. Las de servicios de salud muestran menor morosidad promedio.

¿Qué se hace para frenar?
La TSS implementa estrategias para abordar el problema; estas incluyen campañas de concientización y mejoras en los procesos de fiscalización.

Algunos grupos tienen dificultades

Existen sectores específicos que enfrentan mayores dificultades para cumplir con sus obligaciones contributivas. Por ejemplo, los trabajadores autónomos y las microempresas, a menudo carecen de los recursos y de la capacitación necesarios para comprender y cumplir con las regulaciones fiscales. Esto puede perpetuar un ciclo de evasión contributiva en estos sectores, lo que afecta negativamente su capacidad para acceder a servicios de salud y a otros beneficios sociales.

De acuerdo con los entendidos en el tema, para abordar los desafíos es necesario implementar reformas estructurales que fortalezcan la capacidad del Estado para recaudar contribuciones de manera justa y eficiente. Esto podría incluir la simplificación del sistema tributario, la mejora de los mecanismos de supervisión y fiscalización, y la promoción de una cultura de cumplimiento tributario entre los ciudadanos y las empresas.

Indican que la participación ciudadana es crucial, tomando en cuenta que los ciudadanos tienen derecho a exigir transparencia y rendición de cuentas en la gestión de los recursos públicos, incluidas las contribuciones al SDSS.